MADRID.- El Gobierno español dio hoy luz verde al borrador de la reforma de la Ley de Extranjería, que prevé una limitación de la reagrupación familiar de los inmigrantes residentes en España y eleva las sanciones por infracciones en ese ámbito y en la contratación de irregulares.La vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó que los cambios planificados permitirán perfeccionar el sistema de entrada legal y ordenada de los flujos migratorios y aumentar la lucha contra la inmigración ilegal.La reforma pretende centrar la reagrupación en lo que denomina "núcleo familiar", es decir en los cónyuges o pareja de hecho e hijos, y restringirla para los ascendientes (padres), de manera que en este caso solo puedan venir los mayores de 65 años.Las personas extranjeras que deseen ejercer el derecho a la reagrupación tendrán que estar en posesión del "permiso de residencia permanente", que se consigue tras más de cinco años de estancia en España, señaló el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho.Con los cambios introducidos se pretende subsanar "algunas contradicciones" que presenta la actual ley, como el hecho de que los hijos de los inmigrantes entre 16 y 18 años tienen vetado el permiso de trabajo.Con la reforma, recibirán de forma automática ese permiso de trabajo, al igual que los cónyuges.El objetivo de la reforma, dijo el ministro, es conseguir una "inmigración legal y ordenada", y adaptar la ley a los cambios ocurridos en los últimos años.El anteproyecto de ley incorpora las últimas directivas (normativas) aprobadas por la Unión Europea sobre inmigración.De la Vega explicó que los cambios serán sometidos ahora al debate de los órganos pertinentes antes de su aprobación definitiva.La reforma establece un endurecimiento de las sanciones económicas para quienes infrinjan las normas establecidas, tanto en el caso de los empresarios que empleen a inmigrantes en situación irregular como a quienes engañen en cuanto a su situación o a sus familiares.Las sanciones leves serán de un máximo de 500 euros (698 dólares), las graves, un máximo de 10.000 (13.900 dólares), y las muy graves podrán llegar hasta los 100.000 euros (140.000 dólares).Con las sanciones se pretende disuadir a los empresarios que contratan a inmigrantes en situación irregular y también "evitar el "sobreempadronamiento" de viviendas o el tráfico entre particulares de falsos empadronamientos" y la reagrupación "al margen de los cauces legalmente previstos".En los diez primeros meses de este año, el Gobierno español autorizó un total de 80.863 reagrupaciones familiares. En 2007, la cifra alcanzó 128.161 permisos.Las asociaciones de inmigrantes se pronunciaron en contra de limitar el reagrupamiento familiar de los ascendientes.Raúl Jiménez, portavoz de la Asociación Hispano-Ecuatoriana Rumiñahui, calificó la medida de "absurda y desproporcionada", ya que muchos padres tienen menos de 65 años.Por el contrario, las asociaciones consultadas ven positivo que la reforma permita obtener un permiso de trabajo a los hijos mayores de dieciséis años y a los cónyuges de los residentes en España.En los últimos años, España recibió a centenares de miles de inmigrantes procedentes sobre todo de países de América Latina, Marruecos y del este de Europa, especialmente de Rumanía y Ucrania.Además, miles de personas, sobre todo jóvenes, procedentes del norte de África llegaron y siguen llegando a España en precarias embarcaciones en las que muchos de ellos pierden la vida en su intento de alcanzar el sueño europeo.La reforma, cuarta de la Ley de Extranjería que se acomete en España en ocho años, incluye otras novedades, como la ampliación del plazo máximo de retención de inmigrantes irregulares, que pasa de los actuales 40 días a 60, medida también rechazada por las asociaciones de inmigrantes, que piden que se regule esa estancia y que se establezcan garantías.La crisis económica ha alcanzado a España que en los último meses registra fuertes subidas del desempleo, que bordea la cifra de tres millones, con una fuerte destrucción de puestos de trabajo en sectores como la construcción y servicios, que emplean a un gran número de inmigrantes. EFE
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